Más Información
Además, el castigo aumentará en una cuarta parte de la pena determinada, cuando las personas migrantes sean mujeres, indígenas, niñas y niños, de acuerdo con la reforma dictaminada por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.
La reforma, impulsada por la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz y el diputado Gustavo Díaz Sánchez, garantiza el derecho que toda persona tiene, de salir y entrar de la República Mexicana, sin que personas la obstaculicen mediante fraude.
Este decreto llega en un momento de emergencia migratoria en la frontera sur del país, en la que Oaxaca es uno de los estados que se ha convertido en paso obligado para miles de personas provenientes de Haití y Centroamérica.
Activistas defensores de Derechos Humanos, como el sacerdote Alejandro Solalinde, han denunciado actos de corrupción por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), en especial los relativos a la venta de documentos legales.
