Un grupo de ciclistas denunció que este fin de semana fueron víctimas de cobros y sanciones “excesivas” por las autoridades de la agencia Donají y San Felipe del Agua de la ciudad de Oaxaca, bajo el argumento de que subieron a la montaña sin permiso ni autorización.

No es la primera vez que se presenta una problemática como ésta. Desde hace dos semanas, las autoridades de San Gabriel Etla impusieron una cuota de 200 pesos a los ciclistas que recorren los caminos de su comunidad.

Bárbara Villamil relató que las agencias de San Felipe del Agua y Donají es una de las rutas que continuamente han realizado como ciclistas; pero en esta ocasión, primero las autoridades comunales de Donají les cobraron 20 pesos por persona cuando venían de regreso.

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En ese momento, esas autoridades se comunicaron con las autoridades de San Felipe del Agua a quienes les informaron que ya estaban bajando, y que eran en total 21 personas; también les dieron a conocer que ya habían pagado los 20 pesos por persona. Y al mismo tiempo, les aseguraron que ya no tendrían ningún problema para continuar con las autoridades de San Felipe del Agua.

Pero al llegar a San Felipe del Agua donde habían estacionado sus autos en los cuales cargan con sus bicicletas, ya los estaban esperando las autoridades de esa agencia con una patrulla sin insignias y una cuatrimoto, las cuales estaban atrás y delante de sus vehículos para impedir que pudieran salir.

“Los hombres y una mujer que estaban ahí tenían sogas y machetes (si esto no es intimidar, no sé qué es). Mientras llegaba el representante de nuestro grupo se estuvieron comunicando con las personas de Donají a las que les pagamos (dos hombres en una camioneta azul)”, detalló.

La ciclista mencionó que posteriormente les pidieron que los acompañaran para conocer cuál era la sanción que iban a recibir por subir a la montaña sin autorización; permiso, dijo, que desconocían que existía porque no está publicada en ninguna página.

Al entrar al lugar al que los llevaron, dijo, cerraron la reja principal “quedando dentro y fuera las autoridades que nos llevaron”.

Una vez ahí les dijeron que la sanción por persona era de cinco mil pesos; luego cambiaron el monto a mil pesos por persona, con el argumento de que esa era la sanción por entrar sin permiso a la montaña. Y que esta medida se impuso, porque hace ocho días antes hubo un incendio y “es una forma de evitar éstos lamentables incidentes”.

“El encargado de sancionar es una persona que no sabe escuchar ni llegar a un acuerdo, después llegó el presidente de la asamblea a quien también le cuesta trabajo saber escuchar, llegó la presidenta del San Felipe (también corrijan si me equivoco, no estoy preguntando datos a ninguno de mis compañeros así que puede haber equivocaciones con respecto a los cargos) también la señora se negaba bajar el costo de la sanción argumentando que la asamblea lo había aprobado y no podían hacer nada”.

Bárbara Villamil contó en su cuenta de Facebook que ella le preguntó al presidente de la asamblea que qué iba a proceder con ella, porque no iba a pagar ninguna sanción, y que la respuesta fue que no sabían hasta que terminara la asamblea de la comunidad, y la presidenta de la agencia de San Felipe del Agua también respondió que desconocía que iba a pasar con ella si se negaba a pagar la sanción.

Además, aseguró que recibieron amenazas si grababan lo que estaba ocurriendo. “El presidente de la asamblea nos prohibió grabar y que no quería saber que subiéramos esto a redes sociales, diciéndole a un compañero que ya lo vería si lo hacía, se nos dijo que no nos querían ver otra vez, entre otras muchas cosas”.

La ciclista mencionó que en 15 días habrá una carrera en San Felipe del Agua y que ellos se ofrecieron a apoyar, pero la respuesta fue que no.

“El decir que no nos querían volver a ver es frustrante y contradictorio, ¿por qué no desean más corredores en un evento hecho para corredores?, ¿a qué tipo de carreras apoyamos con nuestra asistencia?”, cuestionó.

Finalmente la sanción de 21 mil pesos que pretendían obligarlos a pagar quedó en tres mil 500 pesos, y una vez que pagaron, les permitieron retirarse.

“Triste no saber escuchar. Al frente de cualquier institución debería haber la persona mejor preparada para mediar y tomar decisiones. No saber lo que se debe pagar y sus sanciones ahora por disfrutar nuestra naturaleza no es nuestra culpa, es responsabilidad de las autoridades a cargo por no darlas a conocer.

“No somos delincuentes para que se nos trate así, nos dedicamos a fomentar el deporte para alejar a las personas de adicciones, para tener una alternativa a la depresión y por supuesto cuidamos el medio ambiente, en casos de incendios se apoya enviando agua, artículos de higiene, etcétera, es nuestro deber contribuir entonces, ¿por qué no escuchar? ¿Por qué tratarnos así?”, manifestó.

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