Juchitán.— Campesinos de los municipios de
El Espinal, Asunción Ixtaltepec y San Pedro Comitancillo revelan que desde fines de febrero de este año técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (
CFE) recorren sus comunidades en busca de tierras susceptibles de ser rentadas, para reactivar la construcción de tres
parques eólicos con capacidad para producir 600 megavatios.
A finales de enero de 2019, cuando la CFE canceló la construcción de la Línea de Trasmisión de Corriente Directa de alta tensión (LTCD) que iría de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a Yautepec, Morelos, también canceló la construcción de los proyectos eólicos Sureste II, III y IV, en la región del Istmo.
Tras el anuncio del 21 de marzo pasado, que hizo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry, del gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que habrá inversiones estadounidenses en la construcción de parques eólicos, campesinos, activistas y autoridades vieron la razón de las prisas de la CFE para hallar predios en renta.
El expresidente municipal de Asunción Ixtaltepec, Óscar Toral, recuerda que los proyectos de la CFE comenzaron en la comunidad de La Mata con el parque Sureste I, a cargo de la italiana Enel Green Power, que invirtió 157 millones de dólares. Los otros siguen suspendidos.
Desde La Mata, pequeña localidad zapoteca de Asunción Ixtaltepec, la CFE estudiaba el factor de viento, sugería la ubicación de los parques eólicos, diseñaba la distribución de los aerogeneradores y estimaba la producción. De unos 30 especialistas que tenía en 2019, hoy sólo quedan dos o tres.
En la última visita del presidente
Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca, el mensaje de John Kerry junto al del almirante Raymundo Morales Ángeles, titular del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (
CIIT), trajo más incertidumbre que certezas a los campesinos y expertos, según declaraciones recogidas por
EL UNIVERSAL.
Morales dijo que tres polígonos destinados a los parques industriales tendrán vocación mixta, podrán operar granjas eólicas en conjunto con las industrias.
“La verdad, no sabemos qué van hacer y tampoco sabemos qué está pasando”, dice el presidente de los comuneros de Ciudad Ixtepec, Obeth Ortega Martínez, uno de los lugares en los que se planea un Polo de Desarrollo. “Desde que vendimos las tierras, unas 412 hectáreas, nadie nos ha visitado ni informado. Sólo estamos esperando que lleguen las industrias para que haya trabajo que tanto reclamamos”, añade.
Fernando Mimiaga Sosa, consultor que vivió la llegada de los primeros inversionistas, antes que la española Iberdrola instalara en 2009 su primera granja en La Ventosa, señala que los polígonos de 300 o 500 hectáreas adquiridos por el gobierno no serán nunca compatibles con las vocaciones mixtas.
“Un polígono de 500 hectáreas no podrá compartir actividades, por razones de seguridad, con aerogeneradores y entrada de obreros, debido a que las naves industriales obstruirán el paso del viento. Sería posible, sólo en una superficie de mil o más hectáreas”, explica.
Para el representante de Eólica de Francia (EDF), Víctor Tamayo, la apertura del gobierno a la generación de energías limpias no se traducirá en facilidades para las empresas que dejaron de invertir al cancelarse la LTCD: “En esos sitios donde proponen parques eólicos no hay vientos de calidad”.
Mientras que la exdiputada Gloria Sánchez López, quien impulsó una ley de consulta indígena, considera que la CFE tiene la obligación de consultar a las comunidades indígenas.
El artículo 119 de la Ley Eléctrica establece que “con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la secretaría (Energía) deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios”.
Mientras que el exedil de Juchitán, Héctor Sánchez, López pide a las comunidades que vigilen esas consultas, porque la de 2014-2015, primera del país, que autorizó el parque de Eólica del Sur, “fue una burla para el pueblo”, pues los compromisos no se han cumplido.
