Al respecto, expusieron que, tras la supresión de mil 344 bases y la devolución de 667, no se aplicaron criterios justos y se benefició a familiares de líderes sindicales.
Asimismo, acusaron que las autoridades estatales no respetaron la minuta de acuerdos que establecían extender el periodo de contrato por seis meses a las y los afectados.
Por otro lado, no descartó que en los grupos inconformes "haya intereses políticos" que motivan las protestas.
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