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La familia fue desplazada en octubre del 2014 de la agencia de Santiago Progreso del municipio de Valle Nacional, en la región de la Cuenca, por un grupo de 21 personas de la localidad, las cuales afirma el abogado fueron asesoradas por personas ajenas al pueblo.
A partir de esa fecha, los habitantes se apoderaron del ganado, predios y diversas siembras, denunció el representante legal, quien agregó que a partir de los hechos se presentaron denuncias.
Explicó que las autoridades estatales se han mantenido omisas para acatar las resoluciones judiciales a favor de los afectados, así como permitir que la comunidad condicione la reincorporación de los afectados con un pago de 100 mil pesos, el retiro de denuncias y negarles el acceso a dos de los integrantes de la familia.
En julio del 2016, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares para la reincorporación, en la que demandó la intervención de la Segego, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía, DDHPO, quienes no respondieron.
Dionisio de la Cruz, afectado, dijo que los funcionarios de Segego ahora se niegan a atenderlo y hasta lo bloquearon de sus líneas telefónicas.
Aunque el representante familiar y el abogado indicaron que seguirán la ruta institucional para hacer valer sus derechos, este viernes Dionisio de la Cruz se presentó frente a Palacio de Gobierno, en la capital del estado, para denunciar públicamente la injusticia y las omisiones de las instancias estatales sobre su caso.
