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Ese año, detalla, 103 ataques fueron contra hombres y 37 contra mujeres; las agresiones verbales contra ellas tuvieron connotaciones discriminatorias por ser mujeres y por los ataques se emitieron 18 medidas cautelares para proteger la integridad física de 15 periodistas hombres, dos mujeres y una para las instalaciones de un medio.
“De los casos más recientes destacan el atentado sufrido por Jaime Méndez Pérez, director de un portal informativo, su casa fue incendiada en diciembre de 2017 y el 21 de enero de 2018, el periodista Agustín Silva Vásquez fue reportado como desaparecido en Matías Romero; a la fecha sigue sin aparecer”, señala la organización civil.
Mientras que de 2015 a 2017, la DDHPO inició 168 quejas por agravios a periodistas. Esos tres años, el organismo atendió a 302 comunicadores. Los agravios más recurrentes fueron amenazas, hostigamiento, vigilancia e intimidación y agresiones físicas. La Defensoría registró que 80 periodistas fueron agredidos en 2015, y documentó 211 agravios en 2016; 148 fueron durante trabajo de cobertura. “Al igual que el caso de personas defensoras, no hay recomendaciones”.
“Oaxaca se encuentra entre los estados con mayor número de agravios a periodistas, superado por Veracruz y la Ciudad de México (…).
“Los dueños de las empresas periodísticas --entre ellos ex gobernadores y otros políticos-- se enriquecen de su complicidad con los gobiernos de manera ilegal, los periodistas de a pie carecen de los mínimos derechos laborales y sociales, como servicios médicos y salario mínimo. De esta situación se aprovechan los políticos y gobernantes para comprar, sobornar o someter a un sector de la prensa”, sostiene Consorcio.
Además, asegura que la transición a la democracia fracasó y nada cambió tras la alternancia política de 2010, aunque ahora existan muchos protocolos y comisiones que de nada sirven.
