Entre abril de 2007 y octubre de este año, 345 oaxaqueñas interrumpieron su embarazo en la Ciudad de México, revela el informe 2018 del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El organismo señala que las 345 mujeres originarias de Oaxaca que han abortado en la capital del país lo hicieron de manera segura y son parte de las 202 mil 380 mujeres que han abortado en los últimos 11 años en la Ciudad de México, desde que se estableció en esa entidad el programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Del total de mujeres que han recurrido a esa medida, GIRE documenta que 70% eran originarias de la capital del país y 30% se trasladó del interior del país, donde el aborto está penalizado o es inaccesible, como es el caso de Oaxaca.
La entidad con más casos, después de Ciudad de México, es el Estado de México con 52 mil 940 mujeres, le sigue Puebla (mil 227), Hidalgo (mil 65), Morelos (755), Jalisco (541), Veracruz (468), Michoacán (460) y Oaxaca (345).
Este balance contrasta con los abortos autorizados en cada entidad por las procuradurías de Justicia locales. Entre diciembre de 2012 y octubre de 2017 en 12 entidades apenas se han permitido 30 interrupciones de embarazo por violación. En el caso de Oaxaca, durante ese periodo cuatro mujeres abortaron por esta causal.
Ante esta situación, GIRE condena la falta de acceso de las mujeres a los servicios legales de aborto, así como su criminalización, al considerar que representa una violación a los derechos humanos de las mujeres.
“A pesar del marco normativo, el acceso al aborto por causales en México es precario o nulo. Existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y del personal de salud acerca de sus obligaciones; se imponen requisitos no solicitados por la legislación que obstaculizan el acceso a servicios legales de aborto, se permite la desinformación por parte de grupos antiderechos, se viola el secreto profesional y se criminaliza a mujeres que sufren emergencias obstétricas”, señala.
En el informe destaca también Oaxaca por ser de los estados con sanciones más altas contra las mujeres por abortar: hasta cinco años de prisión.
De acuerdo con GIRE, la mayor parte de las denuncias por aborto en México provienen de los mismos prestadores de servicios de salud, que reportan o amenazan con denunciar a las mujeres que, consideran, llegan a un servicio de salud con un aborto provocado.
