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Desde hace exactamente 20 años, Felicidad atiende una taquería que ha logrado crecer con el trabajo de estas dos décadas. El negocio, explica, es noble, como todos los comercios que se dedican al giro alimenticio, así que con las ganancias que ha obtenido en estos años logró darle estudios universitarios a sus dos hijos y mantener a su familia.
Lo que Felicidad no sabe es que, a partir de este domingo 25 de octubre, se enfrentará a otro reto para continuar a flote: la entrada en vigor de la prohibición de venta, compra y producción de embalajes desechables y de botellas de plástico de un solo uso.
“No sabemos nada al respecto. Nadie nos ha informado. Va a ser muy complicado porque aunque la mayoría del refresco que se vende es de vidrio, en los pedidos para llevar sí se ocupa el unicel. La opción sería que los clientes sólo comieran aquí, pero con la pandemia eso no se puede”, dice Felicidad en entrevista.
Foto: Edwin Hernández
En el caso de Oaxaca, agrega, apenas se recicla el 3% del total de estos desechos, que “han producido terribles daños al medio ambiente, principalmente en arroyos, ríos y mares”, mientras que el unicel se ocupa mucho en fiestas y celebraciones tradicionales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado morenista recuerda que esta reforma de ley fue aprobada originalmente el pasado 10 de abril de 2019, pero ante los reclamos de empresarios se otorgó una prórroga de seis meses a empresas, y de un año a negocios como el de Felicidad, para que pudieran terminar con su mercancía existente. Ese periodo es precisamente el que termina este 25 de octubre.
“Hubo mucha inconformidad de sectores empresariales y nos pidieron tiempo. Platicamos y se les dio seis meses más, que se fue a un año, para que ellos pudieran sacar sus productos”, dice.
Pese a ese periodo de gracia, el diputado lamenta que siga existiendo resistencia a la entrada de vigor de esta ley, ya conocida como anti-PET, y revela que suman más de 12 las empresas que decidieron ampararse contra la legislación, la mayoría refresqueras y embotelladoras de agua.
Entre ellas destaca Gugar, marca oaxaqueña que a principio de mes informó que presentó el amparo, argumentando que los directamente afectados no fueron consultados al respecto.
Horacio Sosa rechaza esa versión. Asegura que se ha mantenido comunicación con el sector privado y que lo que algunos empresarios quisieran es que no se aplicarán sanciones. Es por ello, indica, que los magistrados les han dado la razón ante las empresas amparadas. Además, revela que hubo muchas presiones de parte de opositores que califican esta medida como populista.
“No queremos pelearnos con los empresarios, no estamos en su contra o contra la generación de empleos, sino a favor del medio ambiente y el grave daño que estos plásticos le causan. Ya no hay más tiempo”, dice.
Ante esa urgencia, Sosa Villavicencio celebra que el gobernador Alejandro Murat no haya ejercido su facultad de vetar esta ley, y que ya existe un reglamento que sigue en análisis, pero lamenta que desde la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) no se hayan realizado campañas para informar y sensibilizar a la población.
Era muy importante hacer foros, difundir con autoridades municipales, pues Oaxaca tiene 10 mil localidades. Se debería informar, hacer una campaña para hacer conciencia en la gente, pero no se ha hecho”, afirma.
Consultada por EL UNIVERSAL, la Semaedeso señaló que dicha obligación de difundir y sensibilizar a la lo anterior también es de competencia municipal.
Además, informó que, a partir de este lunes, en una primera etapa en la aplicación de esta prohibición se multará la venta distribución y obsequió de bolsas de plástico (polietileno de baja densidad), popotes (polipropileno) y unicel (poliestinero expandido), con sanciones económicas de 10 a 50 mil días de salario mínimo vigente, según se estipula en los artículos 98 y 99 de la Ley de Gestión de Residuos.
