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En su sentencia, el juzgador concluyó que aunque las autoridades ordenaron instalar 12 aulas provisionales para que los alumnos tomen clases, éstas no están en condiciones óptimas de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.
Esto, debido a que el propio director de la escuela señaló que están hechas de materiales débiles, son muy reducidas, pues sólo tienen capacidad para 18 alumnos y los grupos son de 30; y esto “generaba un calor insoportable y sofocante”, razones por las que los jóvenes y sus padres se negaron a que ahí se impartieran las clases.
En consecuencia, el juez ordenó que mientras duren los trabajos de reconstrucción, las autoridades deben garantizar que las aulas provisionales para los menores, se encuentren en óptimas condiciones para impartir las clases conforme a los planes y programas correspondientes y en los horarios en que los jóvenes acudían cotidianamente antes del sismo.