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Por los sismos de septiembre, la Cámara de diputados aprobó para el Fonrec una ampliación presupuestal de dos mil 500 millones, a los que se sumaron otros 279.3 millones a los que renunciaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES). Al cierre de 2017 el fondo contaba con 749 millones 892 mil 769.49 pesos.
Uno de los supuestos beneficios de los créditos del Fonrec es que los estados únicamente están obligados a pagar los intereses de la deuda, mientras que el capital se toma del fondo; por lo que dicho esquema no debería comprometer sus finanzas. En lo hechos esto no se cumple.
El estudio detalla que hasta ahora la deuda de estos tres estados ha generado 58 millones de pesos de interés. Oaxaca, con 51 millones, es la entidad que acumula mayores intereses, de los cuales sólo ha pagado 14.1 millones. Le sigue Morelos con 12.5 millones, de los que se han pagado 2.6. En el Edomex el monto es de 4.6 millones y se ha pagado un millón de pesos.
La diferencia entre lo que cada entidad ha acumulado por intereses de la deuda se debe a que cada una adquirió el préstamo en diferentes fechas y a una tasa distinta. En el caso de Morelos la deuda se contrató en 2017 y en Oaxaca y Edomex en el primer semestre de 2018.
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Tras su creación, en 2011 la Conago aseguró que el Fonrec “no resuelve en el corto y mediano plazo las necesidades derivadas de la urgencia de la reconstrucción (por desastres naturales) e incluso compromete su capacidad crediticia futura”.
A su vez, la ASF en su auditoría Financiera 16-0-06100-02-0037, revela que los intereses que pagan las entidades por préstamos del Fonrec superan 1.6 o más veces el capital, como ocurrió en los casos de Jalisco, Baja California y Oaxaca en la revisión de la cuenta pública de 2016.
Estos señalamientos son retomados por las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y Fundar, que sostienen que el uso de este esquema de financiamiento diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) limita la viabilidad financiera de las entidades federativas para atender otras prioridades, pues compromete sus recursos futuros del Fondo General de Participaciones hasta por dos décadas.
Sobre el destino de estos recursos obtenidos a través de deuda, los gobiernos estatales de Oaxaca y el Edomex informan apenas la aplicación de 196.9 y 6.7 millones de pesos, respectivamente; mientras que en sus informes financieros de deuda pública, el gobierno de Morelos no reporta la adquisición de este crédito.
“No se conoce el avance físico y financiero de las obras realizadas con estos recursos ni se ha expuesto el destino de estos fondos”, concluyen las organizaciones.
