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En la denuncia, Josefina Pérez y Elvira Jacinto explican ser campesinas de 75 y 35 años de edad, respectivamente.
Durante esta reunión, ambos funcionarios explicaron que la asamblea era para elegir al nuevo contralor del programa en la localidad y que según las nuevas reglas de operación, debe estar obligatoriamente a cargo el presidente del Comisariado de Bienes Comunales y por lo cual se designó a la actual autoridad agraria, Eucario Cruz Juárez.
Sin embargo, también dijeron que cada productor debe entregar a las autoridades agrarias la cantidad de 30 pesos por cada hectárea de cultivo de maíz que se tienen registradas ante la Sader, bajo el supuesto de que deben cubrir “la cuota predial” del ejercicio 2019 con el fin de que sigan “activos” en el programa de Procampo.
Adicionalmente, les informaron que es obligatorio pagar otros 30 pesos “con la finalidad de cubrir gastos de traslado y alimentación” de ambos funcionarios federales del Cader de Pochutla: “ya que de lo contrario seríamos dados de baja del programa”, apuntaron.
“Israel Edain informó a la asamblea que todos los trámites ante la dependencia (Sader) así como la recepción de los documentos personales de cada productor”, detallaron, “se iban a realizar a través del representante interno comunal, de lo contrario si alguno de nosotros como beneficiarios del programa nos presentábamos de manera personal a las oficinas no nos iban a atender y mucho menos nos van a recibir alguna documentación y que solamente van a dar atención a las personas que vayan acompañadas del representante interno comunal y los que dado sus aportaciones económicas”.
Las campesinas expresaron a la titular del Órgano de Control Interno de la Sader, a través de su denuncia que, de acuerdo a las reglas de operación de los diferentes programas federales del Gobierno de la República, ningún funcionario está facultado para solicitar todo tipo de recursos económicos o en especie a los beneficiarios o solicitantes de los programas y mucho menos que dentro de los programas existan intermediarios.
Recalcaron que esto constituye un acto contrario a la ley y que vulnera los valores y principios del actual gobierno que encabeza el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.
“Hacemos de su conocimiento los hechos y a su vez solicitamos su valiosa intervención para erradicar este tipo de prácticas e iniciar el o los procedimientos respectivos para fincar responsabilidades a los funcionarios federales involucrados”, finalizaron en el documento dirigido a Chávez Aguilar.
