Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Estado Mexicano por la tortura y graves violaciones sufridas por el defensor de derechos humanos Damián Gallardo Martínez desde su detención el 18 de mayo de 2013 hasta su liberación el 28 de diciembre de 2018.
La denuncia se entregó en el marco del 66 periodo de sesiones del Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU y el cual está integrado por 10 expertos internacionales en la materia, organismo encargado de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura por sus Estados Partes y entre los que se encuentra México.
En ella exige que el CAT reconozca la responsabilidad del Estado Mexicano y le urja a procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a todos los agentes estatales y autoridades responsables por las violaciones a la Convención Contra la Tortura
De igual manera, demanda reparar integralmente el daño sufrido enfatizando que las medidas de reparación deberán de ser especializadas y respetuosas de la cosmovisión de las todas las victimas; incluir un reconocimiento público de responsabilidad que impacte en el cese de la criminalización de la protesta social en Oaxaca e incluir la construcción de políticas publicas integrales y cambios institucionales.
Estos últimos, que garanticen la protección de personas defensoras de derechos humanos, la implementación urgente de un Registro Nacional de Detenciones; acabar con el carácter burocrático y generar rutas de atención, reparación y rehabilitación especializadas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La organización Consorcio informó que con la presentación de la denuncia se busca justicia no solo en el caso individual sino para generar un precedente que trascienda y acabe con la criminalización de la protesta social y el uso de la tortura en las detenciones arbitrarias de personas defensoras en Oaxaca.
Damián Gallardo Martínez fue detenido el 18 de mayo del 2013, “en el marco de la criminalización de la lucha magisterial y protesta social, desplegada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto contra opositores a la reforma educativa”, detalló.
Este caso dio inicio, sostiene, a una nueva ola de criminalización de la protesta social en Oaxaca buscando acabar con la labor de defensa y resistencia contra las reformas estructurales.
De acuerdo con Consorcio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto han sido documentadas al menos 141 detenciones arbitrarias de personas defensoras en Oaxaca; mismas que se prolongaron desde 1 día hasta cinco años siete meses.
“En Oaxaca y en México en general, la tortura se da de manera particularmente frecuente en los contextos de detención y prisión y el castigo de dicha tortura es prácticamente nulo. En el caso del estado de Oaxaca no existe hasta la fecha ni una sola sentencia por tortura; a nivel nacional también son muy escasas las sentencias. El caso de Damián Gallardo no es la excepción, pues si bien se denunció la tortura unos días después de la detención arbitraria; hasta la fecha, a prácticamente 6 años de la denuncia inicial radicada en la Fiscalía General de la Republica, los avances en las investigaciones son nulos”, apuntó.
