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Añadió que aunado a ello, en 2018 diversos gobiernos renovaron administración y los salientes debieron finiquitar o abstenerse de adquirir obligaciones nuevas tres meses previos al cambio, lo que pudo desincentivar su contratación, recurriendo a otros mecanismos de fondeo sin costo financiero como proveedores y contratistas, o inclusive requerir de adelantos de participaciones federales.
“Estos instrumentos financieros se destinan principalmente a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal y su naturaleza es quirografaria; es decir, no cuentan con un activo como garantía o fuente de pago específica.
En 2017, el monto total contratado fue de 39 mil 729 millones de pesos”, añadió. Destacó que la disponibilidad de estas líneas da un colchón de liquidez a las entidades para mitigar presiones en el corto plazo, aunque también considera que el riesgo en su uso no sólo recae en su naturaleza quirografaria, sino en su operatividad”.