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“Si hay algo que no está funcionando, debe revisarse y reformarse para que no se corran riesgos de condenar inocentes o liberar a quienes están cometiendo mal”, reiteró.

Aclaró que situaciones como el fallecimiento del menor, involucran no solo los procesos jurídicos sino a diversos aspectos que integran a la sociedad, la manera de actuar en la política, de ostentar cargos públicos y de otorgar servicios como el de la salud.
Manifestó que la solución del conflicto en el que están inmersos los involucrados en el caso y las autoridades, corresponde precisamente a quienes tienen responsabilidad de procurar justicia y tras comprobar con los procesos correspondientes la respectiva responsabilidad, aplicar sanciones, no obstante; en el proceso no debe señalarse a inocentes.