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El martes pasado fueron retirados los 500 elementos, sin previo aviso, que estaban acampados desde el 17 de junio; esto causó molestia entre autoridades y elementos.
“Estamos molestos porque nadie valora el sacrificio que hacemos. Trabajamos 24 horas parados en una de las 10 patrullas o montados en una de las 20 motopatrullas. Lo hacemos porque es nuestra responsabilidad, pero no sabemos si volveremos vivos”, dice el policía tercero Osvaldo Díaz Molina.
Y agrega: “Siempre hemos estado solos para brindarle seguridad a la ciudadanía, lo hacemos con nuestras limitaciones. No tenemos armas, pero tenemos voluntad”.
De los 265 policías, la mayoría sólo tiene la primaria y actualmente seis pidieron presentar el examen para concluir ese nivel. Cada uno gana mil 945 pesos semanales, unos 7 mil 780 pesos mensuales.
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La situación es grave si se considera que la corporación tiene gastos prioritarios, como solventar los seguros de vida por 200 mil pesos con los que cuentan los elementos. Sólo para cubrir ese gasto el municipio destinó entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018, 593 mil 863 pesos y otros 351 mil para la segunda mitad del año, aspecto necesario, pues en lo que va de la administración han asesinado a seis agentes.
Tras el retiro de las fuerzas federales, los policías estatales “hostigan a los elementos con revisiones humillantes, como si fueran delincuentes”, acusa la alcaldesa, quien también demanda “una coordinación respetuosa para trabajar a favor de la seguridad”.
Apenas el pasado jueves se suscitó un conato de enfrentamiento entre integrantes de ambas corporaciones cuando los policías estatales detuvieron una patrulla municipal para revisar si portaban armas. En la gresca, resultó lesionado el policía municipal Nolberto Blas Orozco, mientras que el agente estatal, Martín Pedro Jorge, fue detenido y consignado al Ministerio Público (MP), acusado de hacer dos disparos al aire.
Frente a la situación del Istmo, los ediles electos de Morena proyectan un plan regional que garantice la prevención del delito, la coordinación con los tres niveles y que los policías aprueben el examen de confianza.
El presidente electo de Juchitán, Emilio Montero, dice que ya habló con sus pares de Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Matías Romero y Tehuantepec para elaborar el plan y presentarlo ante Andrés Manuel López Obrador.
“Vamos a preparar los requisitos para reingresar al FortaSeg y pediremos la presencia de fuerzas federales para que atiendan los delitos de alto impacto”, asegura Montero.
