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En ocho de las nueve empresas señaladas se presume que se trata de constructoras “fantasma”, porque en los domicilios que reportaron en los contratos o convenios con las víctimas no se encuentran establecidos y no ha sido posible localizar a los responsables de cada una de ellas.
“Se me hacen realmente pocas [las 25 quejas] para el nivel de denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación, no es que esas no sean reales, sino que los afectados no aterrizan la queja formal ante la Profeco”, dice la funcionaria.
A estas se suma Soinsa S. A. de C. V. que fue demandada ante la Fiscalía General, junto con dos constructoras más, que reportó la delegación de Sedatu en Oaxaca y que acumulan alrededor de 30 quejas ante la dependencia federal.
Rebeca Cervantes, titular de Profeco, explica que en todos los casos el domicilio de las empresas señaladas no corresponde a cómo están registrados en los documentos que firmaron a las víctimas.
“Tenemos los nombres de las empresas, pero también hemos tenido un problema en la localización. Al parecer, su forma de trabajo es no tener un domicilio establecido. Hemos enviado las notificaciones para emplazarlos para que se presenten en la delegación e iniciar el procedimiento formal, pero el domicilio no coincide”.
La mayoría de las quejas, agrega, se refieren a que las constructoras no cumplieron con el contrato de la terminación de la obra, que dejaron a la mitad los trabajos y ya no regresaron, o que les dijeron un costo a los damnificados, pero tras entregarles el dinero les argumentaron que no alcanzaba para terminar la obra convenida.
“Al final es incumplimiento. Fueron empresas que engañaron a los consumidores de la región, que los defraudaron y que no hubo una institución que les diera el seguimiento”, expresa la delegada.
Sobre las denuncias que sólo se han quedado en los medios de comunicación y no se han formalizado, pese a la instalación de módulos de quejas y los operativos que Profeco realizó en la región, la dependencia, explica, no puede actuar de oficio. Por eso recalca que los afectados deben formalizar sus denuncias, no sólo para iniciar con la investigación y procedimiento, sino también para conocer el motivo, en contra de quién o de quiénes, el monto del fraude y los documentos que comprueben la relación entre el consumidor y la empresa constructora o persona física que haya ofrecido el servicio y no haya cumplido.
“Cuando estuvimos en Juchitán llegó una camioneta llena de consumidores a gritar consignas con carteles, se pusieron enfrente de la mesa receptora de Profeco y decían que eran defraudados. Jalonearon a los trabajadores, les tomaron fotografías, pero terminaron su manifestación, se subieron al carro y se fueron. Ya no formalizaron la queja”, relata Rebeca Cervantes.
Ante la incapacidad de ubicar a las constructoras señaladas, la delegada de la Profeco asegura que se ha notificado al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que se investigue a las empresas y personas físicas, así como a delegaciones de la Profeco en otras entidades del país, donde reportaron tener sus domicilios, con el fin de poder localizar a los responsables.
