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A Bonifacio, un indígena mazateco, lo encarcelaron por no hablar español. Una mañana del 2005 Bonifacio salió de su casa para recolectar leña. Al regreso, uno de sus vecinos le pidió ayuda para cargar dos costales con su mula; Bonifacio lo ayudó. De pronto aparecieron policías y se lo llevaron detenido acusado de delitos contra la salud. Sin entender de que se le acusaba, se le dictó auto de formal prisión.
La especialista explica que en México existen leyes que garantizan los derechos lingüísticos de la población indígena, y una ley general que ubica a estas lenguas en igualdad frente al español; en otras palabras, pueden ser usadas en todos los ámbitos de la vida, pública y privada. Nada de eso sucede en la realidad.
“Si un hablante zapoteco llega a un hospital y requiere atención médica en su lengua, difícilmente la institución está preparada para garantizar ese derecho. No cuentan con intérpretes o traductores y se limita lo que dice la ley. Entonces, ya no puedo usar mi lengua en todos los ámbitos”, explica la especialista.
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La investigación arrojó que en el país existen sólo 652 intérpretes-traductores, en comparación con los 7 mil 400 indígenas privados de libertad hasta mayo de 2017. “Evidentemente, el número de intérpretes traductores que existe en el país y en el padrón es totalmente insuficiente”, dice Aguilar Arias, de AsiLegal.
Explica que esta falta de intérpretes los deja en una situación de indefensión e implica que sean víctimas de discriminación durante todo el proceso judicial, pues al no comprender lo que está pasando no tienen garantizado el acceso a la justicia.
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El contexto de discriminación es tal que a 17 años de la reforma constitucional indígena de 2001 el INALI no ha cumplido con su deber constitucional de traducir y difundir la reforma entre pueblos y comunidades; sólo presentó una traducción que no contó con el aval de los hablantes y no acudió a las comunidades a difundir la traducción.
Ante dicha omisión, Carlos Morales Sánchez, con su asociación LEI, ha promovido juicios de amparo para obligar a las autoridades a traducir la reforma constitucional indígena e informar a las comunidades cuáles son sus derechos para que puedan ejercerlos plenamente.
Según Adriana Aguilar, una de las obligaciones de esta institución es garantizar el acceso a la justicia de los indígenas en un proceso; sin embargo, el INALI no ha cumplido siquiera con hacer público el padrón de intérpretes y traductores.
Edith Matías, de Cepiadet, apunta que la negativa nace de un asunto de recursos, pues el Estado mexicano no cuenta con presupuesto ni infraestructura. Por ejemplo, menciona, el costo promedio de un traductor durante todo un juicio es de 40 mil pesos y sólo para cubrir la demanda en el ámbito de la justicia en Oaxaca se requieren unos 15 millones de pesos anuales.
“Es un tema de prioridades. Para la clase política es más importante pagar publicidad oficial que pagar a un intérprete que traduzca en un hospital o en un juzgado. Es el racismo y clasismo y que permea en toda la sociedad”, sostiene.
“CDI tiene un programa para brindar apoyos a intérpretes traductores, y consiste en un salario por la asistencia que brindan y también apoyo con sus traslados. Sin embargo, lo que ellos nos comentan es que el recurso que tienen es muy limitado, pese a que es una obligación constitucional”.
La suma de estas situaciones, dicen las expertas, abona al riesgo de extinción de las lenguas, que no se trata de un proceso natural o de evolución, sino de una política pública de homogeneización del Estado. Es decir, “mantener la diversidad le sale más caro que exterminarla” y por eso se ha insertado la idea de que hablar español es “progresar” y hablar una lengua indígena representa rezago.
