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A partir de la publicación de los edictos, Gabino Cué tiene dos opciones. La primera es presentarse y aportar pruebas que desdigan las acusaciones, la segunda es no presentarse, pero sí enviar las pruebas que lo exoneren.
De resultar responsable, inciará el juicio político; la sanción prevista es una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, pues los legisladores no tienen la facultad para dictar otro tipo de sanciones como la cárcel o reparación del daño, lo cual es competencia de otras instituciones.
Desde el 28 de marzo de 2016, el senador Benjamín Robles acudió a presentar la solicitud de juicio político, pero fue hasta el 20 de febrero del año pasado cuando la Comisión Instructora de la 63 Legislatura avaló la radicación del expediente número 34 y el día 24 se ratificóción del procedimiento, bajo el argumento de “violaciones graves a la Constitución” y probable desvío de 30 mil millones de pesos.
Tras ello, se dio un plazo de dos meses para llamar al ex gobernante. El 3 de mayo del año pasado, dicha comisión avaló iniciar el proceso de juicio político e informó que no lograba dar con el domicilio de Cué, pese a haber recurrido a instancias como el Registro Federal de Electores.
Durante varios meses se buscó a Gabino Cué en al menos dos domicilios conocidos y aportados por diversas instancias públicas, en las cuales refirió su lugar de residencia; pero al buscarlo no fue encontrado o se reportó que ya no vivía en ese domicilio.
El pasado jueves Melgar Vásquez dio a conocer que el ex gobernador será notificado del procedimiento en su contra a través de edictos en el Periódico Oficial del Estado y que esta medida fue tomada tras varios intentos por avisarle personalmente al ex mandatario.
Melgar Vásquez, legisladora deMorena, explicó que transcurrieron varios meses para recurrir a este mecanismo para notificarle porque debía esperarse a que las dependencias, a las que se les solicitó información, presentaran su informe sobre la dirección del ex gobernador.
