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Asimismo, buscará que se conforme un fondo financiero nacional para impulsar obras y acciones en los pueblos y desde los pueblos, recursos que las propias comunidades puedan administrar, a fin de acabar con el fenómeno del “contratismo” de obra.
Respecto al nuevo andamiaje constitucional, expone que la Carta Magna deberá establecer la consulta a los pueblos, tal como lo establece el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Habrá una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. El Estado tiene que reconocer a nuestros pueblos como sujetos de derecho; acabar con la visión que los considera como objetos de políticas, programas y acciones de gobierno”, destaca.
Agrega que “tiene que haber una nueva concepción de la política hacia los pueblos indígenas, tiene que haber un nuevo andamiaje constitucional, una nueva institucionalidad con relación a los pueblos indígenas del país”.
“Ese será el mecanismo idóneo para construir los acuerdos entre el gobierno y los pueblos, a fin de establecer las prioridades”, añade.
Regino Montes explica que, a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se diseñarán, implementarán, coordinarán y evaluarán las políticas públicas del Estado mexicano para las comunidades. Además, se fortalecerán los centros coordinadores de desarrollo indígena del país y se alentará la transversalidad de programas y acciones en todas las instituciones federales.
De la misma manera, se impulsará la creación de planes regionales y locales de desarrollo integral para cada etnia, para que éstas sean las que planteen y realicen las obras que requieren.
“La nueva institución apoyará a las autoridades municipales y comunitarias para la elaboración de sus planes; vamos a convocar a los profesionistas indígenas para que se pongan al servicio de sus comunidades y podamos hacer un proceso de planeación participativa”.
Respecto al tema presupuestal, el consultor de asuntos indígenas sostiene que se planteará un fondo especial en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de impulsar el desarrollo que requieren las comunidades.
“En el caso de Oaxaca, López Obrador tiene la propuesta de comunicar con camino pavimentado a todas las cabeceras municipales [570]; la idea es que sea a partir de planes de desarrollo regional, donde se contemplen caminos y obras carreteras, a partir de la propia coordinación de las autoridades como se puedan implementar obras”, explica.
“Por ejemplo, en la Sierra Juárez, las autoridades han conformado sus consejos regionales y administran módulos de maquinaria que se encargan de hacer los caminos; con eso, vamos a evitar un fenómeno muy delicado que se ha dado en el estado, el ‘contratismo’, que ha generado problemas en nuestras comunidades”, expone.
Regino Montes, quien en junio del año 2016 renunció al gabinete del entonces gobernador, Gabino Cué, por no estar de acuerdo con la agresión policiaca en Asunción Nochixtlán, reconoce: “Hay mucho trabajo por delante, se debe dar reconocimiento también al pueblo afromexicano en la Carta Magna; a partir de todo, la transformación constitucional se abrirá un horizonte de esperanza para que aquellos sectores de la sociedad, pueblos indígenas, encuentren un reconocimiento, una visibilización y no se repita la historia de negación, exclusión y olvido donde, lamentablemente, hemos estado”.
Lamenta también que, desde hace cuatro años, en el Poder Legislativo de su entidad natal se encuentre en la “congeladora” una iniciativa de reforma de la Ley de Comunidades y Pueblos Indígenas, donde se planteó, desde esa fecha, la autonomía que deben tener los habitantes del estado que pertenecen a alguna etnia para tomar decisiones que promuevan su desarrollo comunitario, sin que eso signifique una segregación o trato especial para ellos.
“Seguramente, en la próxima Legislatura local ahora sí se aprobará; tengo confianza en que los nuevos diputados apoyarán a los indígenas plenamente”, sostiene Regino Montes.
